Málaga, 17 de febrero de 2026 – La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, en colaboración con el Colegio de Abogados de Málaga, organizó ayer en el salón de actos Decano Andrés Oliva García una mesa redonda para debatir sobre la implantación del nuevo modelo judicial establecido por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, que busca mejorar la eficiencia del Servicio Público de Justicia.
El encuentro, titulado “Incidencias en la implantación de la nueva Oficina Judicial”, reunió a representantes de la Judicatura, Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y la Abogacía, quienes compartieron su experiencia y percepción sobre las ventajas y desafíos del modelo de Tribunales de Instancia y Oficina Judicial.
Entre los participantes destacaron Lorenzo del Río Fernández, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla; Lourdes García Ortiz, presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga; Cristina Hurtado de Mendoza Navarro, presidenta del Tribunal de Instancia de Málaga; Pablo Jiménez Villarejo, secretario coordinador provincial de los LAJ; y Sonia Cámara Gamero, diputada de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados y responsable de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia.
Los juristas coincidieron en que el nuevo modelo ofrece beneficios claros, como la unificación de criterios, la homogeneización de recursos, la facilidad para crear plazas judiciales y una mayor agilidad de la justicia a largo plazo. Sin embargo, señalaron problemas concretos derivados de su implantación, como la falta de sistemas informáticos adecuados, la necesidad de reestructurar instalaciones y personal, el riesgo de pérdida de control por parte de los jueces y la dispersión de responsabilidades entre funcionarios.
“Estamos en un escenario de ensayo, de propuestas, de inseguridad y de miedos”, señaló Del Río Fernández, resaltando la complejidad de la fase III de la reforma. Por su parte, García Ortiz alertó sobre la rapidez de la implementación: “Aunque venimos reclamando un cambio, éste ha llegado como un tsunami”. Hurtado de Mendoza Navarro y Jiménez Villarejo coincidieron en la falta de proyectos piloto y la escasez de tiempo y recursos para adaptar los tribunales malagueños a la nueva ley.
La Abogacía también manifestó dificultades derivadas de la reforma. Cámara Gamero destacó el retraso estructural de la justicia y la falta de comunicación efectiva, reclamando la puesta en marcha de un Expediente Judicial Electrónico funcional en Andalucía.
Todos los participantes subrayaron la importancia de la coordinación entre jueces, LAJ y abogados como clave para el éxito del nuevo modelo judicial. “El objetivo de la LO 1/2025 es correcto, pero va a exigir una coordinación extraordinaria”, concluyó Del Río Fernández.
El acto se celebró en el marco del 250º aniversario de la Abogacía de Málaga, reforzando los vínculos históricos entre la Corporación profesional malagueña y la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, cuyo ámbito de actuación se extiende a Andalucía Oriental.