La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha presidido el acto de inauguración del I Congreso de Ocupación Ilegal que la Abogacía de Málaga, junto al Colegio de la Abogacía de Barcelona y el Colegio de Abogados de Mataró han organizado, conjuntamente, los días 19 y 20 de mayo, en la malagueña sede colegial.
Además de la ministra Llop, el acto inaugural ha contado con la participación del presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado Escaño; la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, María Francisca Carazo; la presidenta del Consejo General Abogacía Española, Victoria Ortega Benito; el decano de la Abogacía de Málaga, Salvador González Martín; el decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Jesús M. Sánchez García; y la decana del Colegio de Abogados de Mataró, María Pastor Santana.
En dicho acto, han estado también presentes distintos expertos y autoridades como el secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez; el consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Ignacio Hernando Serrano; el magistrado Antonio Alcalá Navarro; la directora de Asesoría Jurídica y Cumplimento normativo de la Fundación Unicaja, Isabel Fernández Machuca, así como representantes políticos, alcaldes, fuerzas de seguridad del estado, etc.
Durante la jornada de hoy, han tenido lugar cinco mesas redondas conformadas por profesionales y expertos de distintas áreas relacionadas con la materia objeto de este congreso, con el claro objetivo de lograr un cambio normativo frente a la ocupación ilegal o delincuencial de inmuebles.
Tras la sesión inaugural, la jornada ha continuado con una proyección audiovisual, que ha servido para contextualizar la situación actual de la ocupación ilegal de bienes inmuebles, preámbulo de la primera mesa redonda «El derecho a la vivienda vs. derecho a la propiedad privada: principios constitucionales”.
Dicha mesa ha contado con la intervención de Antonio Alcalá Navarro, expresidente de la Audiencia Provincial de Málaga; Vicente Pérez Daudí, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona; y Sergio Nasarre Aznar, catedrático de Derecho Civil de la Universidad Rovira i Virgili y doctor en Economía Inmobiliaria por la Universidad de Cambridge.
En ella se han abordado cuestiones tan interesantes como las relativas a los procedimientos, los colectivos vulnerables afectados por los desalojos “cuál es su realidad”, como ha comentado Vicente Pérez Daudí; los ámbitos competenciales, la jurisprudencia, el proyecto de ley de la vivienda, la filosofía del derecho, la crisis del sistema, o el derecho estatal e individual. «Los principios de derecho privado se están perdiendo» ha afirmado el magistrado Alcalá Navarro.
También se ha hablado de la vivienda social que, en palabras de Sergio Nasarre, “solo existe cuando la economía va muy bien pero es cuando nadie la quiere”, añadiendo que «el problema de la vivienda tiene dos caras. Los ocupadores que recurren a esta vía por falta de recursos y las mafias organizadas. Desde 2018 ha habido un incremento constante de la ocupación en nuestro país, en 4 años un 40%». Sergio Nasarre ha hablado del término “robinprudencia”, en alusión a la justicia social que defendía Robin Hood.
La segunda mesa: “Problemas prácticos de la ocupación: comunidades de
propietarios, impacto social y posibles actuaciones de los Ayuntamientos. Vulnerabilidad y ejecución», dividida en distintas temáticas, ha contado con la participación de David Bote Paz, alcalde de Mataró, quien ha hablado sobre prevención y lucha frente a la ocupación desde el Ayuntamiento, denunciando la situación que viven los vecinos de Mataró y proponiendo la inversión en rehabilitación. Asimismo, ha informado de que “en Mataró se ha creado la Unidad específica de la policía local de convivencia y civismo, que ha actuado en más de 2000 casos».
Relevante también ha sido el testimonio de Francisco Alonso Verjano Roncero, presidente de la Asociación de vecinos de la Llantia de Mataró, quien ha aseverado que “nos quedamos sin vivienda en Mataró”. Añadiendo que se promete que se va a hacer vivienda social pero no se cumple.
Para terminar con el Impacto de la Ocupación en la convivencia vecinal, defendido por Julio Naveira Manteiga, abogado y decano emérito del Colegio de Abogados de Mataró. «España es el único país de Europa que no actúa dentro de las 24/48 horas posteriores a la ocupación«, ha afirmado.
Enrique Vendrell, presidente Colegios de Administradores de Fincas de Barcelona- Lleida, ha hablado sobre que “las comunidades de propietarios son las grandes damnificadas de la ocupación ilegal». La ley no les dota de medios. El recurso al art. 7 Ley de Propiedad Horizontal y el concepto de «actividad molesta» no es una vía directa contra la ocupación.
También ha participado Antonio Navarro Selfa, decano emérito del Colegio de Abogados de Cartagena.
En tercer lugar, se ha celebrado la mesa “Tratamiento de la Ocupación ilegal de inmuebles en la jurisdicción civil: Acciones del propietario y del ocupante”, en la que han participado Ignacio Hernando Serrano, consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, y José Javier Díez Núñez. magistrado de la Audiencia provincial de Málaga.
Durante la misma, Cristina Vallejo Ros, abogada y coordinadora de Formación ICAB, ha desarrollado un análisis de la Ley 5/2018 de enjuiciamiento civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas.
Como punto relevante de su intervención, el consejero de Fomento de Castilla-La Mancha ha presentado la Ley de Medidas Integrales para la convivencia y contra la ocupación ilegal de viviendas de Castilla-La Mancha. Afirmando que el Gobierno de España está ya trabajando sobre un texto base.
Por su parte, el magistrado Díez Núñez ha transmitido que «solo podemos combatir la ocupación ilegal con los instrumentos que nos proporciona el ordenamiento jurídico: la ley 5/2018, que es excesivamente garantista con los derechos del ocupante ilegal, dejando desprotegidos a los propietarios».
Tras una pausa, la tarde ha arrancado con la mesa “Análisis práctico de supuestos
de ocupación en la jurisdicción penal” en la que han tomado parte activa Escarlata Gutiérrez Mayo, fiscal de la Audiencia Provincial de Barcelona, y José Francisco Ortiz Navarro, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Valencia.
En ella José Francisco Ortiz ha analizado el Decreto de la Fiscalía de Valencia de 20
de agosto de 2020, que dictó en materia de ocupación, germen de la introducción Fiscalía General del Estado, publicada en septiembre de 2020.
Por su parte, Escarlata Gutiérrez, ha orientado su intervención a supuestos prácticos y de ejercicio de la profesión, incidiendo en las medidas cautelares, las ejecuciones, las sentencias etc. Algunos de los supuestos más frecuentes en la práctica están relacionados con promociones inmobiliarias de bancos que no estaban a la venta, ha explicado la ponente. Esto dificulta la aplicación de la medida cautelar, salvo que esté próxima su comercialización.
El cierre de este primer día del I Congreso de Ocupación Ilegal se ha llevado a cabo con la mesa redonda “Acciones penales frente a la ocupación: Acciones del propietario y del ocupante. Tratamiento de las ocupaciones delincuenciales y mafiosas. Medidas cautelares en el orden penal” en la que José Luis Rodríguez Laín, magistrado de Instrucción nº4 de Córdoba, y Vicente Magro Servet, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, han hecho hincapié en conceptos sobre jurisdicción penal.
En definitiva, durante estos dos días, se expondrá la problemática de la ocupación
ilegal en España, desde todas las perspectivas: legal, política, social, económica y de
seguridad.
Sigue el debate sobre esta problemática
Mañana viernes 20 de mayo a partir de las 9:00 horas, continuará esta primera edición del Congreso de Ocupación Ilegal, en el que se han registrado más de 400 personas, donde reputados expertos continuarán con el estudio en profundidad el fenómeno de la ocupación ilegal, con el objeto de recoger las conclusiones aportadas y elevarlas a los poderes legislativos para instar la correspondiente modificación legal de enjuiciamiento criminal.
La situación es muy preocupante ya que, según los últimos datos del Ministerio de Interior, las ocupaciones de viviendas crecieron un 18% en España al contabilizarse 13.389 casos hasta septiembre de 2021, siendo Cataluña, Castilla la Mancha, y Andalucía de las comunidades autónomas más damnificadas.
Ante el aumento de ocupaciones, los colegios pretenden reformar la ley de enjuiciamiento criminal, permitiendo una medida cautelar inaudita y la recuperación inmediata de la posesión como ya ocurre en muchos países de la Unión Europea. Además, quieren facilitar el acceso a viviendas sociales para aquellas familias que se encuentran en vulnerabilidad, solicitando más inversión pasando del 2% que aplican en España, al casi 15% que destinan en Europa.
El I Congreso de Ocupación Ilegal cuenta con el patrocinio de AlterMutua, VLex, Ayuntamiento de Mataró, Fundación Unicaja, los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña y Seguros Santa Susana.
