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Se ha publicado en el Diario oficial de la Unión Europea (DOUE) la Directiva (UE) 2024/1203[1] del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal[2]. Tiene como objetivo establecer medidas para proteger el medio ambiente a través del Derecho penal (DP) en la Unión Europea (UE). Se enfoca en la imposición de sanciones penales y administrativas para las infracciones del Derecho medioambiental, garantizando el cumplimiento de la legislación de protección de datos. Se destaca la importancia de los denunciantes de infracciones medioambientales, conocidos como «whistleblowers», mencionándose herramientas como la interceptación de comunicaciones y la vigilancia discreta para combatir estos delitos.
También, establece la obligación de los Estados miembros de publicar estadísticas sobre delitos medioambientales y de evaluar periódicamente su implementación. Se postula como un instrumento crucial para garantizar la preservación y mejora del medio ambiente en la UE. Al establecer sanciones penales y administrativas para las infracciones del Derecho medioambiental, se busca disuadir y combatir eficazmente los delitos que afectan a la naturaleza y la sociedad. La directiva también reconoce la importancia de los denunciantes de infracciones medioambientales y promueve la transparencia y el cumplimiento normativo para fortalecer la aplicación de la ley. Esta directiva puede representar un paso significativo hacia la protección ambiental y la responsabilidad en la UE.
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[2] Por la que se sustituyen las Directivas 2008/99/CE y 2009/123/CE.