El Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) albergó el Congreso: ‘De la economía colaborativa al turismo sostenible: El nuevo Derecho turístico del siglo XXI’. Un evento que analizó la actualización que pretende aprobar Europa durante este 2023, una normativa que busca el incremento de la transparencia en las plataformas digitales de alquiler vacacional, estableciendo como obligatorio el registro de los anfitriones o de las empresas proveedoras de servicios, ayudando a que los usuarios cuenten con una mayor protección al operar con ellas.
Esta normativa es la sustituta de la ‘Directiva de Comercio Electrónico’, establecida en el año 2000 y que ha quedado «obsoleta desde la llegada de Internet», explicó Nuria Fernández, catedrática de derecho mercantil de la Universidad de Alicante. Esta directiva cumplía tres principios fundamentales, entre los que destaca la neutralidad tecnológica, que derivaba en una exención de responsabilidad por parte de los anfitriones de los alquileres vacacionales.