La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, ha introducido importantes modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal[1]. En ese sentido, el Ministerio de Justicia del Gobierno de España edita la “Guía de buenas prácticas para la declaración en el proceso penal de menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección: intervención desde la psicología forense, en particular en la prueba preconstituida”[2]. Para la titular del Ministerio, el documento nace del compromiso adquirido con el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos y la Asociación de Psicología Forense de la Administración de Justicia, de brindar una especial protección a menores y a personas con discapacidad durante su participación en el proceso penal, en atención a sus particulares circunstancias, pero también para dar relevancia al papel que la psicología forense presta a la Administración de Justicia y velar por el impulso y reconocimiento de los valores éticos y deontológicos, así como por la implantación de todas aquellas actuaciones conducentes a la mejora de la calidad.
Apunta la Excma. Sra. Ministra que su Ministerio de Justicia está seriamente comprometido no solo con la seguridad y el bienestar de las personas, sino también con la justicia y la igualdad, al ser muchas personas las que intervienen en el proceso y todas tienen que colaborar en su transformación, implantando actuaciones que permitan ofrecer un servicio público de justicia moderno, accesible, ágil y de calidad. El proyecto está coordinado por Rafael Bañón González, Médico forense y Asesor de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia del Ministerio de Justicia; Marta Grijalba Mazo, Médico forense y Asesora de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia. La elaboración de contenidos ha sido realizada por Beatriz Arjona Rovira, Psicóloga forense del IMLCF de Cáceres; M.ª José Catalán Frías, Psicóloga forense del IMLCF de Murcia; Lourdes de Benito de Lucas, Psicóloga forense del IMLCF de Guadalajara; José Javier Rubio Coello, Psicólogo forense del IMLCF de Ceuta, y Yolanda Gutiérrez García, Fiscal y Asesora de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia. A continuación se inserta el documento.
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[1] la prueba preconstituida humaniza la justicia, coadyuva al adecuado ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, adecuando la justicia al justiciable y situando a las víctimas en el centro del sistema para mejorar su protección y contribuir a su pronta recuperación, mitigando los efectos derivados del proceso penal.
[2] Edita Ministerio de Justicia del Gobierno de España. Catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado: https://cpage.mpr.gob.es. Maquetación e impresión: Green Printing, S. L. 2022.